No sólo razones políticas sino también económicas son las que exigen una nueva Constitución, porque se ha convertido en una camisa de fuerza que le impide al Estado participar de manera activa en la economía y cierra las puertas a la modernización de la estructura productiva...

Publicado por La Nación Online 

El país ha tenido un importante crecimiento económico y exportador en las últimas dos décadas. El rumbo adoptado, sin embargo, ha resultado en desigualdades profundas, que tienen un origen estructural ineludible. La actividad productiva, fundada en la explotación de bosques, aguas y riquezas minerales, no produce suficientes encadenamientos hacia el conjunto de la economía y genera escaso empleo. Aquí radica la base material de las desigualdades y la dificultad para convertirnos en país desarrollado.

La concesión gratuita de los recursos naturales acelera su extracción y resta atractivo a otras actividades. Además, compromete a las generaciones futuras, afecta seriamente el medio ambiente, con impactos negativos en el mundo indígena y agricultores modestos.

La política económica inactiva, con un Estado prescindente, ayuda a consolidar la actual estructura productiva, inhibe la inversión en actividades de transformación y limita el desarrollo de las pymes. Ejemplo paradigmático fue Intel, empresa de microchips que quiso instalarse en Chile y se le cerraron las puertas en la lógica de que ello era decisión exclusiva del mercado. Se radicó posteriormente en Costa Rica, impulsando en ese país un notable crecimiento y aumento de las exportaciones.

Así las cosas, se ha acentuado la heterogeneidad productiva en la economía, con elevadas tecnologías y eficientes procesos en sectores de materias primas, pero baja productividad en actividades de transformación y empresas pequeñas. En consecuencia, nos encontramos frente a desafíos que el discurso neoliberal no puede resolver. Copadas las actividades de recursos naturales, y ante la inexistencia de nuevos negocios, los empresarios han desplazado inversiones hacia el exterior.

Por otra parte, tampoco se aprovecha el esfuerzo de las negociaciones económicas internacionales para favorecer nuevas oportunidades de exportación en productos con valor agregado. Y hay que destacar que los acuerdos comerciales permiten un acceso al 86% del PIB mundial y a un poder consumidor de 4.000 millones de personas en todo el mundo, sin aranceles. En consecuencia, hoy contamos con la demanda necesaria para desplegar inéditos procesos productivos de transformación con escalas elevadas.

Por ello urge una nueva estrategia de desarrollo productivo, la que debe apuntar en las siguientes direcciones.

Primero, impulsar una política económica activa, que termine con la neutralidad, entregando incentivos claros a los agentes económicos para inversión en actividades de transformación y en todas las regiones del país. Política que al mismo tiempo encarezca la producción de recursos naturales, mediante la aplicación de royalties.

Segundo, asegurar un tipo de cambio real alto y estable, capaz de generar un crecimiento dinámico y diversificado de las exportaciones a largo plazo. Una economía exportadora no puede vivir acosada por la inestabilidad del tipo de cambio.

Tercero, un acuerdo entre gobierno, empresarios y trabajadores para construir una estructura productiva y exportadora diversificada, que incorpore mayor valor agregado a los bienes y servicios. Ello favorecerá nuevos espacios de inversión, aumentará el crecimiento, potenciara las pymes y permitirá un empleo permanente y de mejor calidad. Y así se aprovecharán más efectivamente los nuevos mercados de exportación que ha abierto la política comercial.

Cuarto, un decidido impulso a la inversión en ciencia y tecnología, que la duplique en un período de cuatro años junto a un esfuerzo nacional para mejorar radicalmente la calidad de la educación formal y la capacitación permanente de los trabajadores. Ello mejorará la productividad, la calidad empleo y los salarios.

En consecuencia, no sólo razones políticas sino también económicas son las que exigen una nueva Constitución, porque se ha convertido en una camisa de fuerza que le impide al Estado participar de manera activa en la economía y cierra las puertas a la modernización de la estructura productiva.